¿Legislar para solucionar o para castigar?
Os pongo un artículo de opinión de el diario El Correo, el domingo 20 de abril. Hoy, lo siento, me pongo profundo, porque si la cosa sigue así, a mi mujer le voy a tener que llevar la lima a Basauri y no la lima Rives ...
"Las leyes en los países democráticos están hechas para que las relaciones entre las personas y las distintas administraciones, o únicamente entre personas o entre administraciones, sean paritarias, que ninguno prevalezca sobre el otro por el hecho de tener más poder, riqueza o conocimientos. Ocurre así en todos los ordenes de la vida, excepto en la legislación que regula la prevención de riesgos laborales. Dicha legislación, o bien su aplicación, está hecha más que para regular una disciplina, la prevención, para amenazar. Puede parecer exagerado el comentario, pero nos remitimos a la última idea u ocurrencia.
Él ultimo 'palo de ciego' dado por la Administración para intentar acabar o paliar la siniestralidad laboral ha sido el acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Trabajo. Lo de 'palo de ciego', no es ninguna hipérbole más o menos afortunada, es la realidad pura y dura, puesto que el acuerdo adoptado con un par de anexos y una treintena de artículos se resumen en dos conceptos básicos: Primero, la Policía judicial puede personarse en la obra, industria o similar en caso de accidente grave o mortal, para inspeccionar, estudiar, investigar el accidente. Segundo, en caso de que, a su criterio, haya un delito, puede imputar y detener a quien considere responsable. O sea, igual que a cualquier chorizo, narcotraficante o terrorista.
El Gobierno italiano, muy preocupado por los múltiples accidentes mortales que se dan en las obras que tienen lugar en su territorio, ha lanzado un plan de choque que, entre otras cosas, prevé la contratación inmediata de cuatrocientos nuevos inspectores de trabajo, adecuadamente formados, para ver 'in situ' todas las obras. Aquí, sin embargo, se opta por la vía policial. Sin entrar por ahora a analizar la bondad o no del plan español, vamos a mirar un par de artículos del acuerdo y hacer una pequeña reflexión.
Todo se desencadena cuando se da un accidente grave o mortal y la Policía judicial, autonómica o no, se persona en la obra. He aquí cómo puede actuar: Requerirá la intervención del personal facultativo médico, pondrá de inmediato en conocimiento del juzgado de instrucción correspondiente y de la fiscalía el hecho, observará las reglas generales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, identificará a los testigos, les tomará declaración, con especial énfasis en si había o no medidas de seguridad, comprobará la existencia de denuncias previas, la identidad de las personas responsables, levantará acta de cadena de custodia de todo el material fotográfico o no, hará indicación del estado de medidas de seguridad y la forma en que se produjo el accidente, e interrogará a las distintas empresas.
Esto dicen dos de los artículos del acuerdo: «Si de las primeras indagaciones se desprenden indicios de responsabilidad criminal, contra alguna persona física, se procederá a levantar acta de información de derechos al imputado no detenido». «Si la gravedad de las presuntas responsabilidades penales y la concurrencia de las demás circunstancias prevenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo aconsejan, se practicarán las oportunas detenciones conforme a Derecho».
Podemos ir un día al trabajo y terminar como presos, ya no preventivos, sino como criminales. Claro que los sabios firmantes del acuerdo habrán pensado; 'Bueno, no es para tanto, ya que como unos mueren en el tajo, justo es que otros vayan directamente a la cárcel'.
Los técnicos de prevención somos, además de técnicos, otra cosa: titulados de grado superior, o de grado medio, dotados de la experiencia que nos da estar en la obra o en la industria, o sea en el tajo, que es donde de verdad se aprende. Por eso nos parece ridículo, e insultante, que unos señores policías, seguro que muy preparados para lo suyo, se formen según el protocolo marco del acuerdo en unas jornadas técnicas. ¿Serán de 600 horas, presenciales o semipresenciales? ¿Quién les examinará, el fiscal general del Estado, el ministro del ramo o habrá aprobado general? ¿Se les supondrá veracidad, como a los inspectores de trabajo? ¿Accederán sólo los que tengan alguna titulación? ¿O la antigüedad pateando las calles da algún derecho? ¿Irán armados o desarmados a detener a criminales laborales?
¿Para qué gastar el tiempo y el dinero, de las empresas y de las distintas administraciones, en dar formación al trabajador, en adoptar medidas de prevención, en contratar empresas de implantación de medidas de seguridad, o en tener un técnico a pie de obra, si la culpabilidad es nuestra antes de que ocurra un accidente? ¿Para qué nos vamos a preocupar de que todas las empresas, pequeñas o grandes, tengan todas las coberturas preventivas al día, si la culpabilidad es nuestra antes de que ocurra un accidente?
Sólo así se pueden entender las declaraciones de la fiscal encargada de regular el acuerdo en el País Vasco, cuando a la pregunta de un periodista sobre cómo actuaría si se diera un accidente por una flagrante falta de un trabajador, contestó: «Aun así iríamos a por el responsable de seguridad».
Nosotros los técnicos de prevención, y los responsables de ejecutar las obras (jefes de obra, encargados), somos responsables de lo que somos, no de la inconsciencia de un trabajador. En vez de amenazar legislando para encontrar culpables, o de amenazar sin más, es hora de pensar en soluciones más sencillas. ¿Cuándo se van a inspeccionar esas obras, que vemos todos los días, con medios obsoletos, o sin medios de prevención, con huecos sin proteger? Las vemos durante meses y se acaban sin siquiera ser inspeccionadas. ¿Para qué se legisla, para tener contentos a los sindicatos y a la opinión publica, o se legisla para solventar problemas? Las cosas se solucionan de un modo más fácil que enviando a la policía a las obras o a la industria, o haciendo culpables de antemano a determinados colectivos."
El texto en negrita, deja bastante claro, que hoy en día, los técnicos superiores en prevención, gracias a Dios, labor que no ejerzo, somos peores que cachuli, roca y la pila de hijoputas de políticos corruptos que andan por este país.
"Las leyes en los países democráticos están hechas para que las relaciones entre las personas y las distintas administraciones, o únicamente entre personas o entre administraciones, sean paritarias, que ninguno prevalezca sobre el otro por el hecho de tener más poder, riqueza o conocimientos. Ocurre así en todos los ordenes de la vida, excepto en la legislación que regula la prevención de riesgos laborales. Dicha legislación, o bien su aplicación, está hecha más que para regular una disciplina, la prevención, para amenazar. Puede parecer exagerado el comentario, pero nos remitimos a la última idea u ocurrencia.
Él ultimo 'palo de ciego' dado por la Administración para intentar acabar o paliar la siniestralidad laboral ha sido el acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Trabajo. Lo de 'palo de ciego', no es ninguna hipérbole más o menos afortunada, es la realidad pura y dura, puesto que el acuerdo adoptado con un par de anexos y una treintena de artículos se resumen en dos conceptos básicos: Primero, la Policía judicial puede personarse en la obra, industria o similar en caso de accidente grave o mortal, para inspeccionar, estudiar, investigar el accidente. Segundo, en caso de que, a su criterio, haya un delito, puede imputar y detener a quien considere responsable. O sea, igual que a cualquier chorizo, narcotraficante o terrorista.
El Gobierno italiano, muy preocupado por los múltiples accidentes mortales que se dan en las obras que tienen lugar en su territorio, ha lanzado un plan de choque que, entre otras cosas, prevé la contratación inmediata de cuatrocientos nuevos inspectores de trabajo, adecuadamente formados, para ver 'in situ' todas las obras. Aquí, sin embargo, se opta por la vía policial. Sin entrar por ahora a analizar la bondad o no del plan español, vamos a mirar un par de artículos del acuerdo y hacer una pequeña reflexión.
Todo se desencadena cuando se da un accidente grave o mortal y la Policía judicial, autonómica o no, se persona en la obra. He aquí cómo puede actuar: Requerirá la intervención del personal facultativo médico, pondrá de inmediato en conocimiento del juzgado de instrucción correspondiente y de la fiscalía el hecho, observará las reglas generales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, identificará a los testigos, les tomará declaración, con especial énfasis en si había o no medidas de seguridad, comprobará la existencia de denuncias previas, la identidad de las personas responsables, levantará acta de cadena de custodia de todo el material fotográfico o no, hará indicación del estado de medidas de seguridad y la forma en que se produjo el accidente, e interrogará a las distintas empresas.
Esto dicen dos de los artículos del acuerdo: «Si de las primeras indagaciones se desprenden indicios de responsabilidad criminal, contra alguna persona física, se procederá a levantar acta de información de derechos al imputado no detenido». «Si la gravedad de las presuntas responsabilidades penales y la concurrencia de las demás circunstancias prevenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo aconsejan, se practicarán las oportunas detenciones conforme a Derecho».
Podemos ir un día al trabajo y terminar como presos, ya no preventivos, sino como criminales. Claro que los sabios firmantes del acuerdo habrán pensado; 'Bueno, no es para tanto, ya que como unos mueren en el tajo, justo es que otros vayan directamente a la cárcel'.
Los técnicos de prevención somos, además de técnicos, otra cosa: titulados de grado superior, o de grado medio, dotados de la experiencia que nos da estar en la obra o en la industria, o sea en el tajo, que es donde de verdad se aprende. Por eso nos parece ridículo, e insultante, que unos señores policías, seguro que muy preparados para lo suyo, se formen según el protocolo marco del acuerdo en unas jornadas técnicas. ¿Serán de 600 horas, presenciales o semipresenciales? ¿Quién les examinará, el fiscal general del Estado, el ministro del ramo o habrá aprobado general? ¿Se les supondrá veracidad, como a los inspectores de trabajo? ¿Accederán sólo los que tengan alguna titulación? ¿O la antigüedad pateando las calles da algún derecho? ¿Irán armados o desarmados a detener a criminales laborales?
¿Para qué gastar el tiempo y el dinero, de las empresas y de las distintas administraciones, en dar formación al trabajador, en adoptar medidas de prevención, en contratar empresas de implantación de medidas de seguridad, o en tener un técnico a pie de obra, si la culpabilidad es nuestra antes de que ocurra un accidente? ¿Para qué nos vamos a preocupar de que todas las empresas, pequeñas o grandes, tengan todas las coberturas preventivas al día, si la culpabilidad es nuestra antes de que ocurra un accidente?
Sólo así se pueden entender las declaraciones de la fiscal encargada de regular el acuerdo en el País Vasco, cuando a la pregunta de un periodista sobre cómo actuaría si se diera un accidente por una flagrante falta de un trabajador, contestó: «Aun así iríamos a por el responsable de seguridad».
Nosotros los técnicos de prevención, y los responsables de ejecutar las obras (jefes de obra, encargados), somos responsables de lo que somos, no de la inconsciencia de un trabajador. En vez de amenazar legislando para encontrar culpables, o de amenazar sin más, es hora de pensar en soluciones más sencillas. ¿Cuándo se van a inspeccionar esas obras, que vemos todos los días, con medios obsoletos, o sin medios de prevención, con huecos sin proteger? Las vemos durante meses y se acaban sin siquiera ser inspeccionadas. ¿Para qué se legisla, para tener contentos a los sindicatos y a la opinión publica, o se legisla para solventar problemas? Las cosas se solucionan de un modo más fácil que enviando a la policía a las obras o a la industria, o haciendo culpables de antemano a determinados colectivos."
El texto en negrita, deja bastante claro, que hoy en día, los técnicos superiores en prevención, gracias a Dios, labor que no ejerzo, somos peores que cachuli, roca y la pila de hijoputas de políticos corruptos que andan por este país.
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